El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad sobre la ley que prepara Trabajo: "Es un freno a las políticas por la inclusión"

El CEDDD (Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia) advierte de que la nueva medida del Ministerio de Trabajo afecta directamente a 100.000 personas con discapacidad, un colectivo en el que apenas una de cada cuatro en edad de trabajar tiene un empleo.

El CEDDD hace público su estupor ante las intenciones del Ministerio de Trabajo de derogar varios incentivos a la contratación de personas con discapacidad, uno de los colectivos de más difícil inserción en el mercado laboral, asegurando que, de salir adelante, esta medida empeoraría aún más la situación, pues supondría un frenazo a todas las políticas por la inclusión desarrolladas hasta la fecha.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 4,5 millones de personas con discapacidad. De las que están en edad de poder trabajar (1,9 millones), solo una de cada cuatro tiene un empleo. Dichos puestos de trabajo están protegidos por medidas dirigidas a fomentar la estabilidad y la calidad del empleo, como la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad.

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Ahora, el departamento que encabeza Yolanda Díaz pretende eliminar esta bonificación, golpeando directamente al empleo de las cerca de 100.000 personas con discapacidad que trabajan en alguno de los 2.300 centros especiales de empleo, así como a las personas con discapacidad que están en la empresa ordinaria.

Ante esta situación, #movimientoCEDDD plantea su rechazo frontal y unánime al proyecto de ley, ante las consecuencias fatales que puede acarrear para la inclusión real de las personas con discapacidad. Un objetivo aún lejos de alcanzar y por el que día a día trabajamos numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, CEDDD critica también que el Ministerio de Trabajo haya elaborado sus planes de forma unilateral y sin contar con alguna de estas entidades que representamos a las personas con discapacidad para conocer de primera mano cuáles son las necesidades reales del sector y se pone a disposición de las administraciones para colaborar en el diseño y desarrollo de medidas que no perjudiquen al sector.

Ronda de consultas con distintos grupos políticos

Con el objetivo de recabar apoyos para que el proyecto de ley no salga adelante, el CEDDD ha iniciado una ronda de reuniones con partidos políticos. 

Los primeros encuentros tuvieron lugar ayer con diputados de los principales partidos de la oposición, Partido Popular (PP) y Vox. El presidente de CEDDD, Albert Campabadal, acudió acompañado de representantes de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), asociada del Consejo. La comitiva estaba integrada por el nuevo presidente de CONACEE, Gregorio Garcia Brunelli; Luis Cruz, vocal, y la directora de la entidad, Almudena Fernández-Golfín.

Por parte del PP la reunión se produjo con Carmen Navarro, vicesecretaria general de Política Social del partido; en el caso de Vox, las interlocutoras fueron las diputadas María de la Cabeza Ruiz, Georgina Trías y el diputado Juan José Aizcorbe. En ambos casos, Albert Campabadal destacó la buena sintonía con los partidos de la oposición a la hora de defender los intereses de los trabajadores con discapacidad.

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En su defensa de los derechos de las personas con discapacidad, movimiento CEDDD ya ha manifestado públicamente su rechazo frontal y unánime a las intenciones del Ministerio de Trabajo de derogar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, uno de los colectivos de más difícil inserción en el mercado laboral.

CEDDD trabaja por la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como las personas mayores, desde su fundación. Para ello, informa y sensibiliza de la necesidad de facilitar la inclusión sociolaboral de estos colectivos, al tiempo que busca hacer incidencia política para sacar adelante medidas que mejoren la calidad de vida de estos colectivos, sus familias y todas las personas que velan por su bienestar.